El presidente Daniel Noboa, desde la Ciudad del Vaticano, firmó el pasado 25 de abril de 2025 el veto total al proyecto de Ley Orgánica de Participación de las Rentas del Estado, que buscaba asignar un dólar por cada barril de petróleo industrializado a las provincias de Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos.
La iniciativa, aprobada el 26 de marzo con 106 votos durante una sesión de la Asamblea Nacional realizada en Esmeraldas, pretendía destinar estos recursos a los gobiernos locales de las zonas productoras como una forma de participación en las rentas generadas por la industrialización del petróleo.
Sin embargo, el Ejecutivo argumentó que esta normativa afectaría seriamente el Presupuesto General del Estado, generando un impacto anual estimado de $46,8 millones, y advirtió que la medida obligaría a buscar nuevas fuentes de financiamiento para cubrir esa pérdida, en un contexto fiscal ya complejo.
El Gobierno señaló que el veto no busca frenar el desarrollo de las provincias involucradas, sino abrir un espacio para un debate legislativo más técnico y responsable. Además, criticó duramente a los legisladores por aprobar una norma que generaría un gasto público permanente “sin estudios técnicos ni financieros que respalden su viabilidad”.
Polémica tras la aprobación
Tras la aprobación del proyecto en Esmeraldas, surgieron acusaciones de que el correísmo organizó una fiesta en un penthouse utilizando fondos públicos. No obstante, legisladores de ese sector político negaron tales afirmaciones y aclararon que se trató de una cena formal organizada por el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, en un salón de eventos privado.
El veto total implica que la Asamblea Nacional deberá decidir si archiva definitivamente el proyecto o intenta insistir en su aprobación, para lo cual necesitaría una mayoría calificada.