En Estados Unidos, a diferencia de otros países, el sistema carcelario y los centros de detención de migrantes no solo son parte del aparato público, sino que también constituyen un negocio multimillonario manejado por empresas privadas.
El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 y su promesa de implementar deportaciones masivas de migrantes indocumentados reactivaron el valor de las acciones de dos grandes corporaciones: GEO Group y CoreCivic, los gigantes de las prisiones privadas.
“Geo Group se creó para este momento único en la historia de nuestro país y para las oportunidades que traerá consigo”, aseguró George Zoley, fundador de la compañía, en una llamada con inversores pocos días después de la victoria electoral de Trump. Para la empresa, se trata de una “oportunidad sin precedentes”.
GEO Group, que en 2024 registró ingresos por US$2.400 millones, proyecta duplicar sus servicios y aumentar significativamente su rentabilidad bajo las nuevas políticas migratorias. Es, además, el mayor operador de prisiones privadas de EE.UU. y el que alberga a la mayor cantidad de migrantes en el país.
CoreCivic, su principal competidor, también se beneficia del endurecimiento de las políticas migratorias y del negocio de la privatización de centros de detención.
Entre los principales accionistas de estas compañías se encuentran algunos de los fondos de inversión más poderosos del mundo, como BlackRock, Vanguard, Wolf Hill, FMR y Goldman Sachs, lo que refleja el enorme interés financiero detrás del negocio de la detención y deportación de migrantes.
El modelo de privatización carcelaria en EE.UU. plantea serios cuestionamientos éticos y de derechos humanos, especialmente ante el posible aumento de detenciones y deportaciones masivas previstas para los próximos años.